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Ayer el ex gobernador de Timor Oriental, Abilio Jose Osorio Soares, fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad -al no haber controlado a sus subordinados- y condenado a tres años de prisión. El general de brigada Timbul Silaen, ex jefe de la policía regional - Regional Police Commander que se encargaba de la seguridad cuando se celebró el referéndum sobre la independencia en 1999, resultó absuelto. Otros cinco altos cargos del ejército, la policía y el gobierno acusados de no haber impedido una matanza en Suai el 6 de septiembre de 1999 también fueron declarados inocentes. Ambas organizaciones han realizado un atento seguimiento de los juicios. El Programa de Vigilancia del Sistema Judicial, apoyado por la Plataforma Internacional de Juristas para Timor Oriental, fue la única organización independiente que mantuvo una presencia constante de observadores jurídicos internacionales en los juicios. Amnistía Internacional y el Programa de Vigilancia consideran que los fiscales indonesios no cumplieron con el deber que les impone el derecho internacional de iniciar acciones eficaces contra los acusados al presentar actas de acusación que no se correspondían con las denuncias sobre la conducta de los acusados, pasar por alto pruebas pertinentes y presentar argumentos que omitían deliberadamente el carácter sistemático y generalizado de los abusos cometidos en Timor Oriental. Ambas organizaciones han documentado una sucesión de defectos procesales y de otra índole que han impedido que los juicios alcancen los objetivos de hacer justicia y esclarecer la verdad sobre el alcance de la implicación de los miembros de las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles indonesias en la comisión de crímenes contra la humanidad y otros delitos graves en Timor Oriental en 1999. Entre los problemas señalados por ambas organizaciones están:
- No se presentaron ante el tribunal pruebas fundamentales sobre la participación directa de las fuerzas de seguridad indonesias en la comisión de graves crímenes. Sin embargo, esas pruebas han sido perfectamente documentadas en investigaciones de expertos como la de la propia Comisión para Investigar las Violaciones de Derechos Humanos en Indonesia y la Comisión de Investigación de la ONU, así como en las investigaciones realizadas por la Dependencia de la ONU de Investigación de Delitos Graves en Timor Oriental. - La falta de experiencia de funcionarios clave, como jueces y fiscales, se vio reflejada en unas actas de acusación con una redacción descuidada y en unos interrogatorios y contrainterrogatorios donde no abordaban las pruebas con eficacia; - Las víctimas y los testigos citados para declarar en los juicios no recibieron la protección adecuada. Varios testigos de Timor Oriental se negaron a comparecer ante el tribunal por miedo a que su seguridad no estuviera garantizada.
Además de los defectos procesales, ambas organizaciones han expresado preocupación por la serie de decisiones adoptadas por las autoridades indonesias que, ya en una etapa temprana del proceso, socavaron la perspectiva de un proceso judicial creíble o eficaz. Entre otros obstáculos estuvo la decisión de la presidenta Megawati Sukarnoputri de limitar las competencias del tribunal para que sólo pudiera juzgar unos cuantos de los muchos cientos de casos de delitos graves cometidos en Timor Oriental en 1999. Si Indonesia pretende cumplir su obligación internacional de proporcionar un remedio verosímil por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en Timor Oriental, debe abordar simultáneamente tanto la debilidad del sistema judicial indonesio como la resistencia política para exigir responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos. El proceso celebrado en Indonesia ha puesto asimismo de manifiesto la necesidad de que este país coopere con el proceso judicial que actualmente se celebra en Timor Oriental. Hasta el momento, el fiscal general adjunto de Timor Oriental ha acusado a 114 personas de delitos graves, incluidos crímenes contra la humanidad. Muchas de estas personas residen en Indonesia, pero hasta el momento el país se ha negado a transferir a cualquiera de ellos a Timor Oriental para que sean juzgadas por el tribunal especial sobre delitos graves, establecido por la ONU, y tampoco ha tomado medidas para entregarlos a sus propios tribunales. En vista de los graves problemas planteados con los juicios celebrados en Yakarta, Amnistía Internacional y el Programa de Vigilancia del Sistema Judicial consideran que es el momento de que la ONU revise su decisión de no seguir las recomendaciones de su propia Comisión Internacional de Investigación para Timor Oriental dirigidas a establecer un tribunal penal internacional. Los crímenes cometidos en Timor Oriental en 1999 fueron tan graves que no pueden quedar impunes, pero de momento la perspectiva de que Indonesia sea capaz de cumplir con su obligación de propiciar un proceso judicial verosímil y eficaz es lejana. Por lo tanto, hay que buscar alternativas viables. Información general El 30 de agosto de 1999, en un referéndum organizado por la ONU, el 78,5 por ciento de la población de Timor Oriental votó en contra de que continuara la integración de este territorio en Indonesia, que lo ocupaba ilegalmente desde 1975. En los meses anteriores a la votación, las milicias proindonesias recurrieron ampliamente a la violencia, las amenazas y la intimidación contra los independentistas. Las milicias habían sido creadas por las fuerzas de seguridad indonesias y contaban con su apoyo. Tras el anuncio de los resultados del referéndum el 4 de septiembre de 1999 se produjo una drástica escalada de la violencia. Se calcula que las milicias y las fuerzas de seguridad indonesias cometieron en torno a 2.000 homicidios ilegítimos. Otras personas sufrieron violaciones y otras formas de tortura. Más de un cuarto de millón de personas huyeron o fueron expulsadas a Indonesia. Varios miles más buscaron refugio en las colinas mientras infraestructuras y propiedades eran saqueadas y destruidas. Ante las presiones de la comunidad internacional, Indonesia estableció un equipo con el cometido de realizar una investigación preliminar sobre los informes de violaciones graves de derechos humanos. En enero de 2000, el citado equipo señaló que se habían cometido crímenes contra la humanidad en Timor Oriental y señaló públicamente a 33 individuos como presuntos autores, entre los que había miembros del ejército y la policía indonesios así como funcionarios públicos y paramilitares indonesios. El fiscal general de Indonesia sólo emprendió acciones para la investigación de 5 casos y el procesamiento de 18 individuos. Asimismo llevaron a cabo investigaciones la Comisión Internacional de Investigación para Timor Oriental establecida por la ONU y un equipo de expertos de la ONU formado por los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre la cuestión de la tortura y sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Las investigaciones de ambas instituciones concluían que se habían cometido violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos y recomendaban el establecimiento de un tribunal penal internacional para procesar a los culpables. 21 de agosto del 2002
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